martes, noviembre 27, 2018

Colombia. Despojo de la tierra y genocidio



| Por: Himelda Ascanio / Tercera Info |

“Sin crueldad no hay fiesta:
Así lo enseña la más antigua,
la más larga historia del hombre”
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Dentro de la historia colombiana la tenencia y el acceso a la tierra ha sido un eje del conflicto interno, que lleva más de siete décadas.

La única política de tierras realmente efectiva ha sido la colonización, en paralelo a la privatización de los baldíos y la concentración de la propiedad de las mejores tierras con el despojo, la victimización de sus poseedores naturales, y con leyes que favorecen al gran capital.

Los recientes asesinatos selectivos y masacres contra campesinos indefensos, demuestran cómo el despojo de la tierra lo inician con el extermino de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Desposesión de Bienes Comunes

Según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) [1], con una cifra histórica de 7,2 millones de desplazados internos, Colombia es primer país del mundo en desplazamiento; sólo en 2016 hubo 171.000 desplazados, la mayoría de ellos en zonas rurales.

Producto de este desplazamiento, las clases dominantes se han apoderado de 5,5 millones de hectáreas de tierras, localizadas así:



El Coeficiente Gini para la concentración de tenencia de la tierra en Colombia, es de 0,87 por ciento [2], uno de los más altos del mundo. El 1 por ciento de las fincas de mayor tamaño -de 500 hectáreas-, tienen en su poder el 81 por ciento de la tierra colombiana, mientras el 19 por ciento restante se reparte entre el 99 por ciento de las fincas de tamaño inferior a 500 hectáreas.



Por otro lado, los terrenos entregados en concesión minera en el país suman cerca de 5 millones de hectáreas en 12 mil títulos, pero las solicitudes de concesión se extenderían por cerca de 25 millones de hectáreas, lo que abarcaría un cuarto del total de la extensión geográfica del país [3].

En un país donde la concentración de la tierra es uno de los motores del conflicto interno, el Gobierno impuso la Ley 1776 de 2016, con la que creó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) [4], supuestamente para promover la inclusión social del trabajador agrario y aumentar la productividad sostenible de la tierra; cuando en verdad esta ley no ataca el problema de la concentración de la tierra, niega la titulación los baldíos como salida a los campesinos desposeídos, mientras sí se los entrega a los grandes capitales del agronegocio.

80% de los asesinados son líderes campesinos

Como lo revela el Informe del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ) [5], los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales dejan un saldo de 181 líderes asesinados, quienes hacían parte de organizaciones campesinas o étnicas, las que representan el 80,08 por ciento. Han sido asesinados 44 indígenas, 21 afrodescendientes 116 comunales-ambientalistas-campesinos en lo que va de 2018.

Otoniel Barrios Londoño, líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mocoa, en el corregimiento de Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta, fue asesinado por sicarios el miércoles 14 de noviembre, mientras estaba trabajando en su finca.

Edilma Rosa Cuevas, de 48 años, líder social Presidenta de Junta de Acción Comunal de la vereda Agualasal, zona rural de Cúcuta. Fue asesinada por sicarios en su casa el 22 de noviembre.

César Díaz Tapasco, profesor de 33 años y coordinador de la Institución Educativa del corregimiento de San Lorenzo y sus padres: Serafín Díaz Guevara, músico y líder social de 60 años, y María Gabriela Tapasco Bueno, de 52 años, fueron asesinado el 23 de noviembre por sicarios.  Esa familia lideraba un proceso de restitución de tierras arrebatadas por los paramilitares. El hecho fue denunciado por el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Estos hechos ocurren en la misma semana en que, por segunda vez, el Presidente Duque promete parar el genocidio de líderes con el llamado Plan de Acción Oportuna. Para Camilo González Posso, Director de INDEPAZ, “lo más importante es que se den alianzas con las comunidades de territorios donde hay reincidencia de la violencia. Solo hay planes en general y acciones contra organizaciones criminales, pero si no hay alianza social con iniciativas fuertes que resuelvan problemas estructurales, no hay nada” [6].


[2] Mapa de la desigualdad y tenencia de la tierra en Colombia, https://bit.ly/2IKM6fw


[4] Ley 1776 de 2016 -ZIDRES-, https://bit.ly/1P8WlJm