martes, noviembre 13, 2018

Colombia: los cien primeros días de Duque



|Por Javier Calderón Castillo y Ava Gómez Daza  / CELAG |

Los cien primeros días del mandato del presidente Iván Duque han sido bastante movidos y no han escapado a los debates. Con más continuidades del mandato santista que las previstas y fuertes intentos de llevar al Estado y a la opinión pública a sostener posiciones más conservadoras con medidas de corte punitivo, el liderazgo de quien fuera el heredero el de Álvaro Uribe se muestra enclenque y cuestionado hasta por sus propios copartidarios.

En la intensa campaña que precedió su elección se evidenciaban algunas tendencias con las que el Centro Democrático pretendía gobernar: buscando reformar la Justicia, reducir impuestos a los capitales concentrados y supeditar las grandes decisiones al verticalismo del senador y expresidente Uribe. La inexperiencia de Duque y las ansias de poder de su mentor indicaban que el nuevo presidente no tendría mucho margen para gobernar con criterio propio, en un contexto político de amplio descontento social expresado en la votación por el progresismo, y con una derecha desalineada de un sólo liderazgo, a diferencia del mandato uribista en la primera década del siglo.

De allí la importancia de conocer cuáles son las características de un Gobierno uribista sin mayorías calificadas en el Parlamento, con una significativa oposición y con un liderazgo bicéfalo. Se pueden ya mostrar algunos ejes y prioridades del Gobierno y las las líneas de cambio o de continuidad en relación con varios aspectos de la política del periodo dirigido por Juan Manuel Santos.
El gabinete

La selección del equipo ministerial fue el primer mensaje del recién electo presidente: un gabinete paritario y tecnocrático fue el relato que buscó instalar en la opinión pública. Sin embargo, la selección de los funcionarios no fue del todo apolítica, como se quiso presentar. Contrario a ello, estuvo muy vinculada a las huestes del uribismo y del conservadurismo. Además, fue una oportunidad para resarcir al sector del empresariado que lo apoyó en bloque durante la campaña electoral. En definitiva, los ministerios de primer nivel pasaron a estar ocupados por veteranos uribistas, algunos muy bien relacionados con el conservadurismo.

De este primer anillo destaca el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hoy en el ojo del huracán, después de que se debatiera en la Cámara de Representantes su moción de censura, por estar señalado de enriquecerse y empobrecer a 117 municipios mediante una operación financiera conocida como los ‘bonos de agua’, cuando era ministro de Hacienda en el Gobierno de Álvaro Uribe (2003–2007). Si bien el debate en la Cámara fue favorable al actual ministro, las acciones de la oposición para poder avanzar por la vía de la moción siguen su curso[i].

En segundo lugar, estarían los perfiles tecnócratas que, aunque reflejan un alto nivel profesional y experticia (en buena parte de los casos) son, en su mayoría, una apuesta favorecedora del sector privado (empresariado y universidades) y de los organismos no gubernamentales.

La relación de Duque con el Centro Democrático

Las primeras alarmas en el Centro Democrático se encendieron con la selección del gabinete de ministros, en la que algunos representantes del uribismo no se sintieron identificados. Criticaron del equipo ministerial su desideologización, es decir, la escasa presencia de cuadros uribistas. A pesar de que buena parte de las carteras más importantes fueron repartidas entre políticos del Centro Democrático, para la interna la repartición de cargos resultó insuficiente. Las críticas de la interna partidaria también provienen del principal mentor del presidente, Álvaro Uribe, quien manifestó con vehemencia su oposición a la consulta anticorrupción que el presidente Duque suscribió. Del mismo modo hizo público el rechazo a la reforma tributaria que impulsa el Gobierno, entre cuyas implicaciones destaca la aplicación del IVA a la canasta familiar, una reforma contra la que también se han unido diversos actores políticos, entre los que se encuentran Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro.
Diplomacia en franco retroceso

Las relaciones exteriores, con Carlos Holmes Trujillo a la cabeza, se han desarrollado con una agenda incómoda para el Gobierno, pues buena parte del andamiaje internacional creado por Santos para respaldar el acuerdo de paz se ha mostrado activo para defender lo que queda del pacto e impedir que dichos esfuerzos terminen en una nueva y caótica guerra. La ONU y algunos países europeos han marcado con fuerza ese límite; en esa vía, Duque se ha refugiado bajo las alas de los Estados Unidos con el riesgo de ser arrastrado en las excéntricas decisiones del Gobierno de Donald Trump. Las intensas visitas antes de su posesión y las recientes visitas del Secretario de Defensa y jefe del Pentágono James Mattis, así lo confirman.

Plegarse a la agenda republicana de los EE. UU. ha significado un giro en algunos asuntos. El más claro consiste en volver a implementar la política punitiva en la lucha contra los cultivadores de hoja de coca, con la persecución judicial y la fumigación con glifosato, acabando con los intentos del anterior Gobierno para aceptar un plan integral de sustitución concertada, con beneficios para el campesinado. En estos pocos meses, se negó tal oportunidad al país y estamos de regreso en la vieja y desgastada política represiva, que no significó ni la reducción de las hectáreas de hoja de coca cultivadas, ni la resolución del problema de la economía transnacional del narcotráfico. Se trata de una política que significa combustible para el conflicto armado interno.

El otro asunto, utilizado como herramienta de búsqueda del apoyo interno y relacionada con la política exterior de EE. UU., es el papel de la Cancillería colombiana en las relaciones con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por medio de la promoción de un ambiente de intervención y de aumento de sanciones económicas en contra del país bolivariano. Así lo puso de manifiesto nuevo embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, quien en su primera entrevista como embajador se mostró favorable a la presión internacional al país vecino[ii].

La agenda de paz (o de guerra) del Gobierno

El Centro Democrático, el partido al que pertenece el presidente, siempre estuvo en contra del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC. Un planteamiento que, durante la campaña, Duque tuvo que matizar por el amplio respaldo ciudadano al acuerdo, diciendo que él sí estaba de acuerdo con la paz, pero que en su mandato modificaría lo que “se había hecho mal” en las negociaciones de La Habana. El Gobierno junto a los partidos que lo apoyan en el Congreso, aliados con Cambio Radical y una parte del Partido Liberal, están abocados a cambiar la Justicia Especial para la Paz, que es el centro del acuerdo en materia de garantías jurídicas, de verdad y de justicia.

Además, a dos años de pactado el acuerdo, los avances en la reforma rural integral son escasos. Ello quiere decir que el grave problema de conflictos en la ruralidad, la pobreza y la tendencia de concentración de tierras y capitales en el campo se mantendrán. Esas medidas, de concretarse, dejarán abiertas las posibilidades para que se multiplique la violencia, quizás con nuevos actores que, de forma caótica, desafiarán estas situaciones (tal y como ya viene ocurriendo en varias partes del país), alentando un escenario anárquico y de guerra que sólo conviene a los intereses de sectores que se benefician con ella.
Agenda antiderechos

Duque está imponiendo una agenda antiderechos como parte de una estrategia de derechización de la sociedad y de afianzamiento de su electorado ultraconservador, exaltando los sentidos comunes en contra del consumo de sustancias psicoactivas, en contra de los feminismos, de las diversidades sexuales y volviendo a incluir en las escuelas la mano de las iglesias (de los políticos católicos y neopentecostales que hacen parte del Gobierno). En ese camino se posiciona con un discurso populista punitivo, que consiste en promover medidas inocuas orientadas a la punición, frente a la generación de respuestas amplias a problemas que son estructurales, como es, por ejemplo, el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, que requiere –más allá de confiscar la dosis mínima– un tratamiento integral que comprenda el consumo de droga como un problema de salud pública.

Esa agenda punitiva de Duque es mucho más que una desesperada carrera para impedir el descenso de su imagen en las encuestas o para satisfacer a un sector de su Gobierno. Escenifica el inicio de un periodo que pretende mellar las bases ciudadanas, libres de clientelismo, con las cuales se enfrentó en las pasadas elecciones en una contienda inusual que tuvo como protagonista un discurso progresista. Las claves para impedir un triunfo de las fuerzas progresistas en las elecciones municipales en el 2019 parecen estar cimentadas en el autoritarismo del ‘Estado de opinión’ y del populismo punitivo. Sin embargo, el aliento de la movilización social se está sintiendo con fuerza de la mano del estudiantado que puede impedir el rumbo autoritario hacia el pasado.
La ruralidad: una contrarreforma anticipada

Como ya se indicaba, la política antidrogas del Gobierno de Duque se basa en la vieja doctrina de atacar el eslabón más débil de la economía transnacional del narcotráfico: los cultivadores. Sin tener en cuenta los graves daños ambientales, se están impulsando: 1) la fumigación con glifosato, que no sólo envenena las plantaciones de hoja de coca, sino los acuíferos, afecta la fauna y las condiciones de salud de las comunidades[iii] y 2) la persecución a las familias que subsisten –sin otra alternativa– por el cultivo de hoja de coca. Esto impacta en el aumento del valor de las drogas en las calles de EE. UU. y la Unión Europea, los principales consumidores del mundo y dónde se quedan las mayores ganancias de la cadena de valor de ese comercio.

Esta práctica mantendrá a la ruralidad en las históricas condiciones de miseria y la brecha campo-ciudad en derechos como la educación, la salud, la movilidad, entre otras tantas, como lo indica el Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2015, que era la base técnica para iniciar la implementación del acuerdo de reforma rural integral[iv]. Dicha reforma preveía la formalización de tres millones de hectáreas de tierras y la restitución de siete millones de hectáreas (en manos de empresarios[v]) a las familias que fueron desplazadas forzadamente por el paramilitarismo. También fomentaba la creación de escuelas, créditos blandos y asistencia técnica, todo un entramado de acciones públicas que no se pusieron en marcha durante el santismo y que con dificultad serán tratadas por el Gobierno de Duque. Ello podría derivar en movilizaciones, protestas y –como se ha dicho anteriormente– el reflote de conflictos violentos en las regiones, donde a diario están asesinando a líderes sociales prosustitución de cultivos de uso ilícito, defensores del medio ambiente y de agrupaciones que apoyan la reforma rural integral.

Luchas por el liderazgo de la derecha

Duque se ha mostrado débil ante su partido, con salidas en falso en varios asuntos de política exterior, en materia económica y con un liderazgo que parece no ser satisfacer las expectativas de los sectores de poder, incluso en su partido. Se ha iniciado una temprana e inusual carrera de liderazgos, en la que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras toma cada vez más preponderancia: se apoya en el poder territorial que ostenta con siete gobernaciones, una bancada numerosa en el Congreso y en la Fiscalía General de la Nación, a su favor gracias a su socio político, el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Duque, conocedor de esa temprana disputa, ha declarado que no aspira a un nuevo periodo como presidente[vi] y está tratando de encontrar estabilidad para gobernar en estos cuatro años que se avecinan. Para cumplir este objetivo, impulsa una agenda conservadora en lo político y neoliberal en lo económico, con propuestas como eliminar los impuestos a las grandes empresas y ampliar la base tributaria para que paguen más los trabajadores con el IVA a la canasta familiar. Una línea de política que ya ha encontrado resistencias en la ciudadanía movilizada, que se adscribe a la agenda del progresismo y que se erige como principal amenaza contra los partidos y élites tradicionales que no resignan su pretensión de continuar gobernando en los departamentos, los municipios y continuar en el 2022 sin ningún sobresalto.