sábado, noviembre 17, 2018

Justicia, Educación y la Reconciliación



| Por: Gearóid Ó Loingsigh*|

A finales de octubre, según la prensa, algo insólito ocurrió en Colombia, por primera vez Uribe se reunió con miembros del partido de la FARC junto con Iván Cepeda del Polo y Gustavo Petro, de Colombia Humana, entre otros. El propósito de la reunión era discutir las propuestas de Uribe para cambiar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluyendo una sala especial para juzgar a los militares.  Mientras tanto, fuera de los innobles pasillos del Congreso los estudiantes y los docentes protestaban el pésimo presupuesto de educación y bregaban por el futuro de la educación pública en Colombia.  Pero para algunos la reunión era un hito en la historia del país.  Luís Fernando Velasco del Partido Liberal lo describió así:

“…lo más importante de este acto legislativo es que por primera vez nos reunimos las fuerzas políticas a intentar un acuerdo.  Se sentó el Centro Democrático, se sentaron Farc, el Polo, los liberales, Cambio Radical, todos, y algunos dejaron sus constancias del voto negativo”.[1]

Uribe llegó a la reunión con una propuesta clara, destrabar el trabajo de la Comisión Primera del Senado y por fuera de la comisión llegar a un acuerdo sobre cambios en la JEP.  Según la prensa se llegó a un acuerdo histórico para juzgar a los militares, responsables de graves crímenes, en el marco de la JEP.  Pero los militares ya estaban cobijados por la JEP y algunos ya habían declarado ante dicho organismo.  Lo que se proponía realmente era un cambio en como proceder contra los militares.  El planteamiento uribista de una sala especial para los militares no prosperó, pero se acordó algo casi mejor para los militares.

Se nombrarán 14 magistrados nuevos para participar en el juzgamiento de los militares.  Esos magistrados serán escogidos por entidades del Estado, tan opacas, como La Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Es decir, tres entidades corruptas van a escoger a los magistrados.  Aunque otros no lo veían así, de nuevo el Senador Liberal declaró que “Estos 14 magistrados van a fortalecer la JEP. No hay sala especial de militares. Claro que habrá un trato diferenciado, con otros ciudadanos, pero no hay sala especial para militares”.[2]  No hace falta una sala especial, pues tienen a 14 amigos que van a vigilar los procesos en su contra, van a intentar cambiar el debate en las salas y en caso de no salir con lo suyo, esos 14 magistrados pueden emitir un salvamento de voto y así queda para la historia que los militares fueron maltratados por la JEP, y además lo dirán los magistrados de la JEP.  ¿Qué clase de justicia y memoria se hará para las víctimas de los militares?  Sin embargo, este acuerdo fue el producto de un consenso que puede favorecer futuros consensos en materia de paz o en otros asuntos, nos decían.

Nada más lejos de la verdad.  La reunión no demostró ninguna nueva disposición de Uribe respecto a los acuerdos de paz ni tampoco una nueva voluntad de llegar a acuerdos fundamentales en otros temas.  Dicen, los que conocen su trabajo en el Congreso, que Uribe se caracteriza por reunirse con quien sea en aras de avanzar proyectos y propuestas que le interesan. No sé si es cierto o no, pero ni él ni el Estado demuestran una nueva voluntad de nada con las modificaciones a la JEP y la prueba fehaciente es la actual situación del paro universitario y la negativa del gobierno de reunirse con los estudiantes.  Petro, FARC y compañía se prestaron para un golpe de publicidad para Uribe en nombre de la paz y la institucionalidad y terminaron dando a Uribe lo que quería.  Pues, la sala especial para los militares siempre iba a caer, ahora tiene una sala especial de facto. Y de esa nueva voluntad y buen ambiente ¿qué hay de eso respecto a los estudiantes? ¿Uribe y los demás partidos del gobierno están dispuestos a reunirse con la oposición por fuera de las comisiones del Congreso para llegar a un acuerdo de financiamiento de la educación universitaria?  La respuesta es no.

Los defensores del gobierno preguntan porque los estudiantes y los docentes no se quejaban antes. Es una buena pregunta, pues tienen razón que la crisis de financiación de la educación no es producto de los primeros 100 días de Uribe III (que seamos honestos, Duque es solo el presidente oficial, el presidente real es Uribe).  La crisis viene de tiempo atrás, desde los noventa, pasando por los primeros gobiernos de Uribe y los dos mandatos de Santos. ¿Por qué no hicieron sentir su desacuerdo antes? La verdad es que sí hubo protestas y manifestaciones, pero nada de la envergadura y determinación de la protesta actual.  Durante el gobierno de Santos muchos dirigentes sindicales y políticos se callaron, él que criticaba al gobierno se tildaba de ser un guerrerista y un enemigo de la paz.  Ni Petro ni nadie convocaba, ni planteaba convocar en este año electoral paros ni protestas pues todos se postulaban como defensores del legado de Santos y pinta mal decir que el legado de Santos es esta triste realidad.  No quiere decir que Petro y el Polo no tenían propuestas respecto a la educación y otros asuntos, pero de ninguna manera iban a proponer una lucha contra el gobierno que hundió a la educación superior en el hueco fiscal en que se encuentra, tema que escasamente se toca en el Acuerdo de la Habana, donde se limita a compromisos vagos de extender el pésimo servicio a zonas rurales, educación para la paz, es decir, programas propagandísticos de adoctrinamiento a favor del mismo acuerdo y algunos proyectos para desmovilizados, pero sin tocar a fondo el tema de la financiación del sistema educativo ni cuestionar como se financia.

Claro, hay algo novedoso en Uribe III y es que su títere Duque propuso gastar tres billones de pesos en nuevos misiles que requieren por si acaso Trump decide que Colombia invada a Venezuela (¡qué no nos quepa duda! Si Colombia invade a Venezuela esa decisión se tomará en Washington y luego informarán a Uribe y a Duque).  Pero sigo con la pregunta ¿por qué Uribe no convoca reuniones privadas con la izquierda para discutir esos temas?  La respuesta es sencilla, solo convoca a esas clases de reuniones cuando cree que la izquierda y otras fuerzas políticas están dispuestas a ponerse de rodillas.  No tiene necesidad de negociar el tema de la educación, eso no requiere un cambio constitucional, como los cambios en la JEP.  Así, los estudiantes siguen marchando en medio de los “hitos históricos” de reuniones entre la FARC, Petro, Cepeda y Uribe.

Ahora, los cambios acordados son preocupantes, inclusive dentro de la limitada eficacia y dudosa utilidad de la JEP como tal.  La FARC afirmó que el acuerdo se acaba con la independencia e imparcialidad de la JEP y que los magistrados serán “elegidos por órganos del Estado que han sido parte de la institucionalidad del Estado durante el conflicto armado. Es decir, la institucionalidad del Estado elegirá a los nuevos magistrados que juzgaran a los miembros de dicha institucionalidad del Estado que tengan responsabilidades derivadas del conflicto”[3] y dijeron que pueden terminar apelando a la CPI.[4] 

Tiene razón son entidades del Estado, una de las partes en el conflicto y los nombrados serán amigos de los militares y escogidos por ser amigos de los militares.  Fuera de los criterios públicamente anunciados para escoger a los 14 magistrados, como el conocimiento de derecho internacional etc., el criterio más importante será su cercanía a los militares, por lo menos en términos ideológicos si es que no se encuentran con frecuencia en los cocteles de los clubes militares y policiales.  Nada sorprendente en un país donde hay magistrados criminales, donde el Fiscal Anti-corrupción está preso por corrupción, donde el Fiscal General de la Nación tiene bienes escondidos en Madrid y está metido en medio del escándalo de Odebrecht que involucra a políticos y empresarios en varios países de América Latina.  Ahora los amigos de los miliares juzgarán a los militares.  La Cosa Nostra se convierte en hampón y juez.

Pero las críticas que podemos hacer sobre el trato que recibirán los militares no son nuevos y tampoco se limitan a Colombia, pues la Corte Penal Internacional también se pronunció y muchas de las críticas se hicieron hace rato, y el tiempo les ha dado la razón.  En febrero 2016, un grupo de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y sindicatos publicaron un documento titulado Ambiguo y decepcionante acuerdo -Itinerario para la impunidad de crímenes de Estado.  El titulo no puede ser más claro, el Acuerdo de Justicia es un acuerdo para la impunidad, todo lo demás son cuestiones prácticas.  La gran diferencia de Uribe con ese acuerdo es como garantizar dicha impunidad.  Según el documento

“…se asume de antemano o se presume como legítima la acción estatal y se refuerza con ella la tesis de que el problema que ha manchado al Estado no es de instituciones, mecanismos y doctrinas concertadas que han salvaguardado y sostienen intereses de estamentos que han infligido sus propias normas y el derecho internacional, sino que el problema de crímenes de Estado ‘no existe como tal y sólo puede hablarse de casos de infracciones individuales cometidas por algunas ‘manzanas podridas’ que se habrían equivocado en la misión encomendada’.”[5]

Ha corrido mucha agua debajo el puente desde entonces, pero una vez aceptada que la violencia estatal es de unos individuos, toca defender a esos individuos.  La reunión de Uribe con Petro, Cepeda y la FARC tenía ese propósito y ahora los militares, pocos días después del acuerdo, anuncian que con presupuesto público van a crear

“un comando de defensa jurídica, integrado por 246 abogados, para asistir a los más de 2 mil uniformados que se acogieron a la JEP tras haber cometido delitos en el marco del conflicto armado.

La unidad también ejercerá las defensas de los militares que estén respondiendo por crímenes ante la justicia ordinaria.”[6]

Solo queda por ver cuantos abogados otrora defensores de los derechos humanos pasan a trabajar en ese gabinete de abogados militares, puede resultar más lucrativo que trabajar en el Consejo Nacional Electoral u otra de las instituciones estatales donde laboran muchos de ellos hoy en día. 

Ya está todo listo, magistrados nombrados por los verdugos y abogados pagados por sus superiores, para que no los delaten a ellos, como buenos mafiosos se cuidan entre sí, “paga tu condena y yo te cuido después y cubro tus gastos legales”.  Y el tema de la responsabilidad de mando, no es de menos.  El vicefiscal de la CPI en visita reciente al país se pronunció sobre la nueva modificación a la JEP.

… señaló que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ven con preocupación unos aspectos de las reglas de procedimiento de la JEP que fueron aprobabas por el Congreso.  Se refiere a las disposiciones del artículo 11 de esa norma: ‘excluye los siguientes objetivos de las investigaciones relativas a conductas presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas: develar el plan criminal, establecer la estructura del procedimiento de la organización criminal, sus redes de apoyo, y las características del ataque y los patrones macro criminales’.” (la negrilla es del original).[7]

Es decir, le preocupa que los militares no tienen por que explicar nada respecto a sus superiores, de la organización criminal etc. Es la ley de omerta de la mafia italiana hecha realidad en la JEP.  ¡Pobres mafiosos italianos jamás imaginaron un país donde la legislación respectaba e incorporaba la omerta!  En la JEP no tendremos verdad plena, ni siquiera una limitada verdad jurídica.

Claro, el Polo no votó a favor de los cambios, pero Petro sí.  Pero la negativa del Polo no es bien motivada.  Creen que el acuerdo que firmaron y apoyaron es sustancialmente distinto ahora con las modificaciones de la JEP acordadas con Uribe.  No es así, es algo distinto, pero solo en los detalles.  El Acuerdo de la Habana siempre buscaba impunidad para los militares, no importa si las FARC y Cepeda eran conscientes de ello, pues no eran conscientes de muchas cosas y varios pronunciamientos sobre el contenido del acuerdo demuestran que ni siquiera han leído bien el documento, atribuyéndole contenido y parágrafos que no tiene.[8]  Por su parte el Senador Alexander López del Polo botó la siguiente perla sobre las modificaciones afirmando que “es un torpedo y una forma de iniciar el camino para la destrucción de un acuerdo de paz y una justicia transicional que nos estaba encaminando a la reconciliación.”[9]

Este senador tiene parte de su base social en Cauca, el departamento más azotado por el asesinato de dirigentes sociales y aún cree que estamos en camino a la reconciliación.  Habría preferido que diera su apoyo a los cambios propuestos por Uribe, sería coherente, por lo menos con su apoyo al proceso de paz como tal y el Acuerdo de La Habana.  Ese acuerdo siempre iba a dar y garantizar impunidad a los militares y al Estado que ellos servían con sus asesinatos.  Lo de más es finiquitar detalles.  Pero hablar de reconciliación cuando el Programa Somos Defensores reporta 87 amenazas contra dirigentes sociales en el trimestre de julio a septiembre de 2018 y 32 asesinatos, un aumento comparado con los 18 asesinatos en el mismo lapso de 2017.[10]  No solo es absurdo, es tan estúpido es trumpiano, está más allá de la sátira.  De todas las agresiones cometidas en ese trimestre 59.3% eran de los paramilitares, que el Estado y algunos pazólogos dicen que no existen, y 4.7% de la mal llamada Fuerza Pública, que algunos, incluyendo a la FARC dicen que ya son un aliado de la paz y el pueblo.  Otras 34.4% eran de desconocidos y apenas 1.6% de la guerrilla.  Pero vamos bien, caminando hacia la reconciliación.

Mientras tanto los estudiantes siguen marchando y protestando y Cepeda y Petro ni se atrevan a pedir a Uribe una reunión para destrabar el tema y discutirlo mientras Duque les toca alguna canción, pues no se puede jugar con un balón dentro de las oficinas del Congreso.



[1] El Espectador (01/11/2018) No habrá sala especial, pero sí más magistrados en la JEP www.elespectador.com
[2] Ibíd.,

[3] El Heraldo (01/01/2018) De entrar en vigencia cambios de la JEP, pediremos a la CPI que intervenga: Farc www.elheraldo.co

[4] Valga la pena señalar que varios países africanos, entre ellos Sudáfrica, están planteando su retiro de la CPI.  Esta entidad es el brazo jurídico del imperialismo, no atreve a perseguir a los poderosos ni intereses occidentales, aunque existe una investigación preliminar respecto a Gran Bretaña y Irak, caso que terminará condenando a mandos bajos.  Todos los condenados son africanos.  También pasa algo parecido con la Corte Especial de Sierra Leone, donde son capaces de juzgar a los africanos, pero contra los belgas y demás nacionalidades que participan en el tráfico internacional de diamantes no solo no existe una condena, no existe la más mínima intención de proceder en su contra.  Los organismos internacionales no nos llevarán a la verdad plena, pues la verdad plena es que en esta guerra participaron los europeos y los norteamericanos, y sus multinacionales y vivimos un terrorismo de estado que contaba con el beneplácito de esos poderes extranjeros.
[5] Sinaltrainal et al. (2016) Ambiguo y decepcionante acuerdo -Itinerario para la impunidad de crímenes de Estado. Página 10

[6] El Heraldo (09/11/2018) Crean comando élite de abogados para militares en la JEP www.elheraldo.co

[7] El Espectador (01/11/2018) Vicefiscal de la CPI ve con preocupación ajustes a la JEP http://colombia2020.elespectador.com
[8] Véase Ó Loingsigh, G. (2017) Implementando el Acuerdo de Paz: Borrador de Proyecto de Ley http://www.elsalmon.co/2017/04/implementando-el-acuerdo-de-paz.html

[9] El Espectador (03/11/2018) Uribe y Petro ¿Cuál fue el acuerdo sobre militares en la JEP? www.elespectador.com
[10] Véase http://somosdefensores.org para cifras sobre violencia contra defensores de dd.hh. y dirigentes sociales.