lunes, diciembre 17, 2018

Cómo el paramilitarismo asesinó sindicalistas e impactó las relaciones laborales en el sur del Cesar


Memoria histórica de la violencia antisindical en el sector palmero

En el marco de la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Agencia de Información pública la crónica de memoria histórica sobre lo ocurrido en el sector palmero del sur del Cesar, región que fue epicentro de una violenta arremetida del paramilitarismo, la cual cobró muchas vidas de trabajadores y sindicalistas, desestabilizó sindicatos enteros, e impactó las relaciones laborales a favor de las empresas palmeras.
 
La fuente de este trabajo periodístico es la investigación que la ENS, en asocio con el Centro Nacional de Memoria Histórica, realizó sobre el tema con base en información suministrada por sindicalistas entrevistados y los archivos de Sintraproaceites San Alberto, Sintraproaceites El Copey, y Sintrainagro Minas.

Según datos del Sinderh de la ENS, entre 1980 y 2016 en el departamento del César se contabilizaron (sin el subregistro) 859 hechos violentos contra sindicalistas, o sea el 5.85% de todos los casos del país. Entre ellos 130 homicidios y 19 desapariciones, 305 desplazamientos forzados, 346 amenazas, 24 atentados y 14 secuestros. En 551 de esos casos las víctimas fueron hombres y 308 mujeres. En 637 fueron trabajadores de base y 222 dirigentes sindicales.

En lo que respecta a los sindicatos del sector palmero del sur del Cesar, principal bastión de esta agroindustria en el país, las organizaciones más victimizadas fueron, en su orden, Sintraindupalma, Sintrapalmas, Sintraproaceites, Asintraindupalma, Sintrainagro, Sintrapalce y Sintrapalmascost. Según el registro de la ENS, la mayoría de los hechos ocurrieron en el municipio de San Alberto, sede de Indupalma: 48. En El Copey ocurrieron 5 y en San Martín 5.

El primer pico de violencia se dio en 1988, con 15 casos. El segundo entre 1995 y 1996, con 16 casos. Más allá de estas cifras, pensionados y trabajadores partícipes del proceso de memoria dan cuenta de muchos más casos de violencia, principalmente en los años noventa, cuando proliferaron las amenazas y desplazamientos forzados. En cuanto a presuntos responsables, en la inmensa mayoría de los casos: 46, los autores no fueron identificados. Entre quienes sí lo fueron aparecen los paramilitares como los mayores victimarios: 13 casos;

Es pues en líneas y cifras generales los estragos de la violencia antisindical en el sector palmero del Cesar, un capítulo de horror que todavía en buena parte está por esclarecer y sancionar, toda vez que la impunidad es tan gruesa como las mismas cifras de la violencia. Cómo se llegó a esa situación y cuáles fueron las lógicas y los modus operandi de la violencia antisindical en esta región, es el tema de esta crónica.

El contexto

De acuerdo con declaraciones de alias “Juancho Prada”, ex jefe de las Autodefensas del Sur del Cesar, entre 1988 y 1989 él y varios de sus familiares conformaron un grupo armado para combatir la guerrilla en  San Alberto, sede de Indupalma. Fue el comienzo de una escalada de terror sin precedentes en esta región, donde, desde los años 60 y 70 venían operando guerrilleros del ELN, células del M19 y del Frente 20 de las FARC, que se financiaban con la extorsión a ganaderos, comerciantes y palmicultores. Además la Unión Patriótica, partido de izquierda legal, tenía injerencia en la zona.

Según “Juancho Prada”, para su empresa paramilitar contó con el apoyo del ex diputado Rodolfo Rivera Stapper, su primo Roberto Prada, el hacendado Luis Obrego Valle y miembros de las bases militares acantonadas en San Martín y San Alberto, que hicieron la vista gorda a los patrullajes, retenes y pesquisas que los “paracos” hacían en contra de las organizaciones sociales y sindicales. Según testimonio de un sindicalista, uno de los primeros grupos criminales se conoció como “Los sicarios”, auspiciado por políticos, comerciantes y ganaderos. Se asentó en la finca “Rivelandia”, de propiedad de la familia del político conservador Rodolfo Rivera, quien fuera alcalde de San Alberto durante 15 años.

“En la Quinta Brigada del Batallón Ricaurte regalaron cinco camionetas doble cabina al grupo de Los Macetos, que patrullaba la plantación por las mismas vías de la empresa, y tanqueaban los carros con gasolina privada de la empresa. Todo eso lo veíamos nosotros, y lo denunciamos. Así que Indupalma no puede negar que estuvo metida en eso”, dijo un dirigente sindical que aportó su testimonio a la investigación adelantada por la ENS.

En efecto, no fueron pocos los ganaderos y hacendados palmeros que prestaron sus haciendas para el entrenamiento y albergue de los grupos paramilitares, básicamente en Chiriguaná, Curumaní, Pelaya, San Martín y San Alberto. En estos grupos vieron una forma de garantizar la seguridad del capital agroindustrial y una estrategia para modificar a su favor las relaciones laborales y desconocer derechos adquiridos por los trabajadores. De ahí que la mayor parte de las víctimas se contaron entre los líderes de la Unión Patriótica y los sindicalistas, así los sindicatos como organización evitaran relacionarse directamente con la insurgencia.

Con frecuencia los trabajadores eran abordados por los paracos con el fin de elaborar sus tenebrosas “listas negras” y establecer control territorial dentro y fuera de las plantaciones. La teatralización del terror también se constituyó en otra herramienta intimidatoria. Se cuenta que en La Llana, vereda cercana de San Alberto, los paramilitares surtieron una pileta con caimanes, pirañas y babillas para arrojar allí personas sindicadas de colaborar con la guerrilla.

La cuestión sindical

Indupalma se creó en San Alberto en 1961. Pocos años después nació Palmas del Cesar en el corregimiento Minas, y en 1971 se creó Palmeras de la Costa en el municipio El Copey. Para ello, los inversionistas desmontaron territorios inhóspitos y compraron a bajo precio los predios dedicados a la siembra de sorgo, maíz, arroz, tabaco, algodón y ganadería.

Los trabajadores provenientes de otras regiones (Costa Atlántica, Antioquia, eje cafetero y los Santanderes) se alojaban en campamentos dentro de las plantaciones en condiciones locativas y sanitarias muy precarias. En su mayoría los contratos eran verbales, por obra labor a tres meses, y no gozaban de beneficios y prestaciones distintas al salario. En la fase de siembra solían laborar las esposas e hijos de los trabajadores.

Ya en los años 70 mejoró algo la estabilidad laboral, hubo más contratos a término indefinido, aumentó el área cultivada y la tecnificación, y el sur del Cesar se convirtió en la principal región palmicultora del país. Para 1978  tenía 32.250 hectáreas sembradas, y la producción nacional de aceite de palma pasó de 16 mil toneladas en 1969, a 61.900 en 1978.

El sindicato en Indupalma, Sintraindupalama, se creó en 1963. Por incumplimiento de acuerdos pactados este sindicato lideró una huelga en 1967, otra en 1970 (por iniciativa de los tercerizados que exigían contratos directos), y una tercera en 1971. Esta última en protesta por la cancelación de la personería jurídica del sindicato, luego de que Indupalma lo culpara del asesinato de su jefe de personal. La huelga fue repelida por la policía, que además demolió la sede sindical con un buldócer. Un año después el sindicato recuperó su personería con un nuevo nombre: Asintraindupalma.

En septiembre de 1977 estalla la huelga más larga y emblemática en Indupalma, que coincidió con el Paro Cívico Nacional de aquel año. Participaron 1.200 trabajadores tercerizados representados por Asintraindupalma, en demanda de contratación directa, aumento salarial y otros beneficios. Hubo intentos de desalojo por parte del ejército y detenciones de los promotores de la huelga, posteriormente liberados por presión de la comunidad. Con esta huelga los trabajadores lograron contratación directa, mejora de las condiciones locativas e higiénicas de los campamentos, entre otros beneficios. Además se incrementó la afiliación al sindicato.

Otro hito tuvo lugar en 1985 con la creación de Sintraproaceites, sindicato de industria que nació de la convergencia de Asintraindupalma con el sindicato de Palmas del Cesar, Sintrapalce, creado en 1984, y con el sindicato de Palmeras de la Costa, Sintrapalmacosta, en El Copey. Entre las tres sumaban 3.600 afiliados.

El aumento de la afiliación sindical fue paralelo con estrategias de integración con la comunidad, en lo que jugó un papel principal el artista Jesús “Chucho” Peña, asesinado en 1986. Las mujeres, entre ellas el comité femenino, empezaron a jugar un rol más protagónico y ya marchaban con los hombres en las jornadas de protesta.

En enero de 1985 en Palmas del Cesar estalló una huelga que duró 62 días, e incluyó una marcha hasta Bucaramanga en apoyo al pliego de peticiones. En plena marcha un trabajador se suicidó arrojándose a las llantas de un vehículo, desesperado por no tener con qué sostener a su familia. La marcha terminó con la toma del consulado de España, que provocó la intervención de la fuerza pública y el encarcelamiento de 39 personas. La huelga la ganaron los trabajadores, que lograron la liberación de los detenidos y la firma de su primera convención colectiva en buenos términos.

Entre tanto, gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura y a la no exigencia de licencia ambiental, la palmicultura siguió su avance. Entre 1986 y 1990 se sembraron en promedio 10 mil hectáreas-año.

Se inicia la arremetida paramilitar

En San Alberto, Minas, El Copey y Algarrobo el accionar paramilitar fue funcional a los intereses de los empresarios palmeros, pues uno de sus objetivos fue contener la actividad sindical. Además las relaciones que los sindicatos tenían con partidos como el Moir, A Luchar y la UP, fueron el pretexto para vincularlos con grupos insurgentes. Como también vincularon a las organizaciones sociales que les hacían contrapeso a los gamonales y competían con éstos en las elecciones municipales.

En 1988 se inició la arremetida paramilitar, los asesinatos atribuidos a estos grupos. En febrero fue asesinado el sindicalista Nemesio Machuca Payán; el 9 de abril cayeron Humberto Martínez Gualdrón y José Polo Villalobos, víctimas de un grupo que disparó indiscriminadamente contra la caseta de la sede sindical; y entre septiembre y diciembre se produjeron los homicidios de Ángel Castaño Agudelo, Emilton Rodríguez y José Vega Hernández. En 1989 la lista creció con los homicidios de Ceferino Cuadros, Pedro Páez y Olmes Estrada Fénix, y la desaparición de Juan Giraldo.

Esa primera arremetida la denunció Sintraproaceites en el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores de la Industria Palmera realizado en octubre de 1989 en Bucaramanga, que contó con la participación de delegados de todos los sindicatos de esta industria y de empresas asentadas en el Cesar y Santander; además Sintrainagro, Sintraimagra, Sintracegrasas, Sintragracol, Sintracicolac, entre otros. Se discutió la necesidad de unificar los pliegos petitorios y promover la unidad mediante un sindicato por rama industrial capaz de enfrentar la precariedad laboral. Pero también para resistir las agresiones de los grupos armados, pues ya no solo había que reivindicar mejoras laborales sino también defender el derecho a la vida, a no ser “exterminados”.

Para la primera década de los 90 la estructura paramilitar logró mayor capacidad económica y militar. Su poder se acentuó con lo que se conoció como el “Pacto de Pivijai”, que suponía sinergias con la fuerza pública y las alcaldías locales. Algunos testimonios revelan que los funcionarios de éstas debían rendir cuentas a los paramilitares.

También incrementó el espionaje. Se apostaban en lugares estratégicos (la terminal de transporte de San Alberto) para saber quiénes salían o ingresaban al municipio y a los campamentos de trabajadores. Se diseñaron listas donde aparecían señalados los presuntos colaboradores de la insurgencia, acrecentaron las amenazas contra líderes sindicales. Y la fuerza pública, por su parte, criminalizó las marchas campesinas al declarar que estaban infiltradas por la insurgencia. Como también se limitó al máximo la protesta social y sindical en derecho, por cuenta del decreto 2266 expedido por el gobierno en 1991.

Y los asesinatos seguían fluyendo. Según el Sinderh de la ENS, entre 1990 y 1993 asesinaron 9 sindicalistas en el sur del Cesar: Epaminondas Alza, Luis Felipe Blanco, Augusto Maldonado, John Jairo Gómez Rueda, Pablo Antonio González, José Manuel Madrid, Pedro A. Marín Lamus, José de Jesús Sanabria, Juan Rivera, Wenseslao Martín Gómez. Y hubo dos desaparecidos: Aquiles Gutiérrez Ochoa y Alirio Muñoz. La situación se tensionó aún más con el asesinato del concejal de San Martín por la Unión Patriótica, Francisco Cardona, y el atentado contra la sede sindical en Algarrobo.

El clima de terror hizo que un elevado número de campesinos abandonaran sus predios. En su mayoría se desplazaron a Valledupar.

Efectos de la apertura económica

La configuración del poder paramilitar en estos años fue concomitante con la necesidad de las empresas palmeras de hacer despidos masivos para paliar la crisis que originó la apertura económica que impulsó el gobierno Gaviria.

El sector palmero en ese momento no pudo competir con aceites más baratos importados de Malasia, Indonesia y Costa Rica, lo que generó un clima de incertidumbre en el sur del Cesar, donde más de 10 mil familias dependían de esta actividad. Indupalma reclamó la intervención del gobierno para no tener que acogerse a un concordato.

Se realizó un foro regional para discutir el impacto de la apertura económica y el deterioro de las condiciones de los trabajadores, en el cual los sindicatos sostuvieron que las empresas no podían descargar el peso de la crisis en los hombros de los trabajadores, más aún cuando éstos mostraban voluntad para colaborar en la solución.

En medio de esa coyuntura se dio la negociación de la convención colectiva en Indupalma. Ésta presentó un contrapliego que el sindicato rechazó, y votó por la huelga, que obtuvo 690 votos a favor por 8 en contra. Fue una huelga que se desarrolló en un ambiente de tensión porque la región fue militarizada, lo que coadyuvó a fomentar un imaginario negativo a la movilización obrera. Y para completar, las Farc y el EPL enviaron sendos mensajes de apoyo, cuyo efecto fue todo lo contrario: le sumó más estigmatización a la huelga. Y en esas se produjo el atentado contra el alcalde de San Alberto, Gonzalo Betancourt, de la Unión Patriótica, lo que escaló la tensión y el miedo en la zona.

La huelga, obviamente, la ganó Indupalma. Al sindicato le tocó aceptar el contrapliego para evitar más derramamiento de sangre y, en caso extremo, desaparecer como organización. Los trabajadores perdieron en sus salarios, en primas extralegales y otros beneficios; y perdieron en sus empleos: la empresa despidió 275 trabajadores y disminuyó de 127 a 30 los empleados del casino.

Las cuentas en San Alberto

Entre 1994 y 1996 desapareció el sindicalista Tomás Cortés Ortega y fueron asesinados Roberto Ardila, Fredy A. Vergel Torrado y Marco Aurelio Vásquez. El crimen de éste último ocurrió en San Alberto, y al poco tiempo su esposa denunció que a su casa se apareció un sujeto conocido con el alias de “Camarón”, quien le dio 24 horas para que abandonara el municipio, so pena de correr la misma suerte de su esposo.

“Entonces decidimos irnos, lo importante era salvar la vida  –contó la esposa de Velásquez–. Dejé a una de mis hijas para que terminara el año escolar, pero casi no puede terminar porque los mismos compañeros de colegio le decían que ella corría peligro porque el papá era guerrillero”.

Se cuenta que algunos inescrupulosos se valieron de la situación desesperada de los desplazados para comprarles sus propiedades a precios irrisorios. Se cuenta el caso de un sindicalista que se desplazó hacia Bucaramanga con dos hijos y su pareja en estado de embarazo. Allí se vinculó a una organización que atendía población desplazada, pero la Fiscalía lo acusó de tener vínculos con el ELN, por lo que se vio obligado a desplazarse nuevamente a San Alberto, donde se colocó a trabajar de moto-taxista.

Para 1996 la cuenta de sindicalistas asesinados en el sur del Cesar desde 1988 ascendía a 25, la mayoría en San Alberto, afiliados a Sintraproaceites, Sintrainagro y Asintraindupalma.

Fue esta la época en que el jefe de las autodefensas, Carlos Castaño, le ordenó a “Juancho Prada” unirse con las estructuras armadas de Camilo Morantes y Mario Zabala para conformar las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur de Cesár (Ausac), que luego, tras el asesinato de Morantes, se denominó Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (Acsuc), que a su vez hizo parte del proyecto paramilitar se amplió hacia el sur de Bolívar y Catatumbo, el Bloque Norte, comandado por Jorge 40.

El 28 de octubre de 1998 asesinaron a Jairo Cruz, presidente de la subdirectiva de Sintraproaceites en San Alberto, en el momento en que se dirigía a su trabajo en Indupalma. Fue un momento dramático, que afectó mucho, e incluso puso en riesgo de desaparición a esta subdirectiva. Una buena parte de los integrantes de su junta directiva decidió desplazarse, temerosos de correr la misma suerte. Y eso desarticuló al sindicato.

El efecto de la escalada de la violencia y las acciones antisindicales de los empresarios palmeros fue tan drástico en el sur del Cesar, que en cuestión de diez años Sintraproaceites pasó de tener 2.000 miembros a solo 280, mientras Sintrainagro pasó de 900 a menos de 400.

De igual manera, el homicidio y la amenaza se utilizaron para que los líderes sociales y dirigentes de partidos de izquierda declinaran sus aspiraciones a cargos de elección en los municipios. Fue el caso de Aída Cecilia Lazo, candidata por la Unión Patriótica para el concejo de San Alberto. Fue asesinada junto con su hija en junio del año 2000.

En esa misma campaña política, Pablo Padilla, vicepresidente de Sintraproaceites en San Alberto, también decidió lanzarse como candidato al concejo. Y en ese lapso denunció un trasteo de votos en favor de un candidato apoyado por los paramilitares. Entonces empezó a recibir amenazas y presiones para que retirara la denuncia y su candidatura. Pero él se negó a hacer las dos cosas y por eso en febrero de 2001 varios sicarios lo asesinaron dentro de su residencia en presencia de sus dos hijos pequeños. Por estos crímenes fueron condenados Daniel Toloza, alias “Cura”, y César Portilla, alias “Nico”, en sentencia proferida en 2009 por el juzgado 11 Penal del Circuito Especializado OIT. Asimismo, la Fiscalía acusó a los ex alcaldes de San Alberto, Gerardo Jaimes Ortega y Javier Zarate Ariza, como presuntos determinadores del crimen de Padilla.

Cortesía del sindicato

Arremetida paramilitar en Minas y El Copey

Las mismas estrategias aplicadas en la zona de San Alberto se replicaron a sangre y fuego en el corregimiento Minas y en el municipio El Copey, sedes de las empresas Palmas del Cesar y Palmeras de la Costa. Eso paralizó a los sindicatos, que amenazados y acorralados no podían exigir nada, y veían cómo se ponía en riesgo su propia existencia gremial, y con ello todo lo ganado en años de lucha. Las empresas aprovecharon la zozobra para recortar conquistas laborales, frenar la afiliación sindical y mermar la capacidad de incidencia de los sindicatos. Dentro de las empresas se infiltraron paracos como trabajadores, para obtener información y vigilar el accionar sindical.

En Minas la violencia arrancó en 1994. El 30 de junio 6 personas fueron masacradas en este corregimiento, entre ellas un sindicalista: José del Carmen Ruiz. Poco después el sindicato fue duramente golpeado con el asesinato de su presidente, Juan de Jesús Gómez. Golpe que, sin embargo, no silenció las voces de protestas ni mermó la voluntad política del sindicato para continuar en la lucha.

Un ex dirigente de Sintrainagro Minas da cuenta del modus operandi de los armados:

“Se subieron al bus que nos llevaba al tajo, y nos echarnos un sermón, Nos dijeron que de ahí en adelante todo tenía que ser por la derecha, porque el que mirara para la izquierda lo mordía la vaca. Dijeron que su intensión al subirse al bus fue llevarse dos compañeros para pelarlos, pero decidieron no hacerlo porque querían darnos la oportunidad de reivindicarnos, dizque porque estaban cansados de asesinar gente. Y antes de irse nos dijeron que fuéramos a buscar a uno de los compañeros que habían acabado de pelar. Nos advirtieron que nos manejáramos bien para que no nos pasara lo mismo que a él”.

El trabajador “pelado” era Pablo Osorio, a quien sacaron del campamento donde dormía. Su cadáver, degollado, apareció al día siguiente cerca de la plantación. Como responsable de este crimen se acusó a alias “Camarón”. Le propinó a Osorio varios disparos y lo dejó abandonado en la carretera, sin percatarse de que seguía vivo. La cuenta del tal alias “Camarón” también incluía un atentado contra un líder sindical de Palmas de Cesar. Pero como solía acompañar a los soldados del ejército en las requisas indiscriminadas que hacían, nadie se atrevía a denunciarlo.

En lo que respecta a El Copey, en 1995 fue desaparecido Rodrigo Rodríguez, presidente de Sintraproaceites en esta seccional, hecho que ocurrió en medio de una huelga adelantada por el sindicato. Y un año después fue desterrado de la región Máximo Almenares, líder de esa misma seccional sindical.

Otro hecho violento de tuvo gran impacto en este municipio, fue el asesinato del concejal por la Unión Patriótica, Tomas Cortés, en agosto de 1995. Un grupo paramilitar irrumpió en su domicilio y, en presencia de su hijo y su compañera se lo llevaron sin un rumbo fijo, para acto seguido prenderle fuego a su vivienda, aduciendo que esta fue adquirida con recursos de la guerrilla.  Y como siempre, la fuerza pública hizo caso omiso de estos operativos paramilitares.

“Durante la última parte de la década de los 90 la violencia del paramilitarismo golpeó más fuerte. Es que ya tenían más capacidad para moverse por toda la costa atlántica y el rio Magdalena, mientras la policía y el ejército les hacían calle de honor. El año 2000 fue terrible, asesinaron a don Aldo y a Julio”,dice en su testimonio uno de los líderes de Sintraproaceites en aquella época.

La violencia fue el instrumento de disuasión para los líderes de Sintraproaceites El Copey. Debieron renunciar la programar movilizaciones y huelgas. Durante mucho tiempo los trabajadores dejaron de asistir a la sede de la organización por temor al accionar de los armados.

Los nombres de la violencia al corte de 2001.

El Sinderh de la ENS informa que entre 1988 y 2001 lista de trabajadores de Indupalma asesinados fue de 20, y 5 fueron desaparecidos, pertenecientes a los sindicatos Sintraindupalma y Asintraindupalma. De esa lista, 5 eran dirigentes sindicales: Pablo Antonio Padilla López, José Manuel Madrid, Aquiles Gutiérrez Ochoa, José Antonio Vega Hernández, y Fredy Antonio Vergel Torrado. Pero a esta lista hay que agregar 12 nombres más que figuran en los archivos de Sintraproaceites.