lunes, diciembre 17, 2018

Lecciones de un acuerdo que bajó la fiebre pero no curó la enfermedad


ANALISIS El acuerdo de estudiantes y profesores con el Gobierno Nacional permitirá a los firmantes cerrar el año en paz, pero no da respuesta real al problema. Al contrario, apaga el fuego con agua.

Bienvenidos todos los recursos adicionales que contribuyan a mejorar el funcionamiento, la cobertura y la calidad de la educación superior. Decir lo contrario es como ir en contra de querer la paz en el país. Pero, dar más recursos públicos a un sector en el que no hay claridad sobre la efectividad en el manejo de sus recursos, no dejar compromisos claros y vender la idea que las marchas continuarán y que se necesitan más recursos no se sabe hasta cuándo, dónde y cómo, es mantener avivada la llama de un fuego que, muy seguramente antes de los 44 meses que le quedan a este gobierno, volverá a animarse de manera peligrosa.

El acuerdo trae el efecto mediático de que el país puede descansar porque la “educación pública ha ganado… en un acuerdo histórico”, hay unos nuevos redentores del sistema (los estudiantes), el gobierno escuchó y la universidad pública saldrá fortalecida.

Pero…

Por encima de las loas de algunos columnistas que se dejan llevar por el efervecencia del momento y de los congresistas que se montan en la cresta de la ola, el acuerdo no asegura el mejor escenario y, por el contrario, alimenta una bomba de tiempo.

Y no sólo porque le significa, no al gobierno central sino al país, meterse la mano al bolsillo; es decir, con más impuestos y reformas tributarias (o leyes de financiamiento) Colombia estará pagando lo acordado por el Gobierno, sino porque, en el fondo, no deja claro qué es lo que debe dar la universidad pública al país, en contraprestación con el esfuerzo fiscal de éste para financiarla en parte.

Seamos claros

Se necesita una universidad pública más y mejor financiada. Sería ideal que gratuita, pero por ahora sigue siendo un sueño de nuestra sociedad. Se necesita más inversión para garantizar que su infraestructura, formación docente y condiciones de calidad sean óptimas.

Pero si los 15 a 20 billones que piden los estudiantes y profesores para ello, y de los que nunca el Gobierno o, mejor aún, el propio sistema de educación superior, ha hecho el ejercicio juicios de validar si realmente es con esa cifra que se logra ese objetivo, mucho menos se va a lograr con los 4.5 ó 5.8 billones que, según quien lo cuente, se lograron con este acuerdo.

Porque el gobierno cedió no por convencimiento técnico como producto de la mesa de diálogo, sino por la angustia de ver cómo los columnistas y opinadores de las mesas de trabajo de la radio matutina lo presionaba, así como la opinión pública lo ha venido castigando duramente en tan sólo 4 meses de gestión.

Y porque, a diferencia de los anteriores, el actual movimiento estudiantil (pese a las diferencias internas de ACREES, Fenares y UNEES) supo manejar públicamente las diferencias de los grupos de centro izquierda e izquierda que estaban detrás de ellos, logró tener consistencia (más de 60 días de marchas), contó con el respaldo de los rectores (hasta la primera etapa al 25 de octubre cuando se firmó el acuerdo de estos rectores con Duque), fue creativo en algunas de sus protestas (innovando imagen, recorridos y voceros), rechazó la violencia que se perpetró en las marchas, y manejó frases y eslogans que para la opinión pública son vendedores (pública la recibimos, pública la entregamos; inversión en educación y no en guerra; el futuro de las próximas generaciones…).

Pero, también hay que decirlo, el gobierno y la sociedad colombiana actúan, frente a su universidad pública, como los padres de familia que se dejan manejar por su bonita hija caprichosa, que amenaza con irse de la casa si no le dan lo que ella pide; sin rendir cuentas ni corresponder con lo que recibe.

Bien lo dice la exviceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, para la Revista Semana: “Esto es como decir que una persona vive en la casa de sus papás y a los 18 años nadie puede decirle nada acerca de su vida, ni pueden ponerle reglas y es quien toma las decisiones, a pesar de que los padres la siguen financiando”.

“Las IES públicas al ser autónomas no reportan cuántos docentes tienen, ni cómo están sus programas. No hay planeación. Entre los problemas de fondo está saber ellas cómo definen sus gastos, inversiones y capacidad de cobertura. Y pese a eso, el Ministerio de Hacienda es el que debe garantizarles el presupuesto”, dijo Ariza, de quien este Observatorio ha cuestionado muchas de sus acciones cuando fue viceministra, pero que en este caso coincide plenamente.

Y es entonces cuando, pese al acuerdo, aún quedan muchas preocupantes situaciones que van a seguir alimentando el espíritu de reivindicación histórica de los estudiantes y profesores y algunos oportunistas. Es decir, que más temprano que tarde, van a volver a llevar al cese de actividades de las universidades públicas.

Un gobierno entregado. Si bien es responsable el mensaje de la ministra Angulo de no desfinanciar al Estado prometiendo los recursos que no se tienen, también es irresponsable entregar recursos cuando no hay certeza de que estos se vayan a invertir efectivamente y tienen alta posibilidad de contibuir a aumentar la crisis fiscal del sistema.

El gobierno perdió la oportunidad de exigir un diagnóstico técnico y rendición de cuentas del manejo de recursos que se hacen en la universidad pública, de por qué la autonomía sin recursos lleva a crear y crear programas y extensiones sin asegurar su financiamiento, a por qué el SUE no comparte recursos, instalaciones, modeles de gestión, softwares e inversiones, entre otros aspectos, sin contar aspectos como los discursos anacrónicos de cuestionar la alianza universidad empresa, la financiación de la investigación, el rechazo tajante a una revisión del decreto 1279 que incrementa de manera no adecuada los pagos de nómina docente de las universidades públicas, las altas tasas de deserción y la negativa a corresponder la inversión financiera de la sociedad por parte de sus egresados, entre otros aspectos.

Porque no se aprovechó el momento para evaluar los muchísimos recursos más que reciben las universidades públicas y que no se analizaron durante el paro. No se analizó a fondo por qué las universidades que más oxigenaron la protesta (Nacional, Antioquia y Valle) son las que reciben muchísimos más recursos que las otras también públicas; no se dio respuesta a la explícita inequidad en la asignación de recursos entre las universidades públicas y las demás IES públicas que no son universidades (las T y T que hábilmente gestionan proyectos de ley en el Congreso para beneficiarse y terminar impactando, aún más, las finanzas públicas). Tampoco se consideró los millonarios recursos que reciben algunas universidades por concepto de Ley de Honores, estampillas, donación de terrenos, excenciones tributarias y eliminación de impuestos municipales como el predial, entre otros aspectos, que aunque no hagan base presupuestal sí contribuyen a alimentar jugosas inversiones y contrataciones en estas IES, y que terminan pagando los contribuyentes sin que estos tengan claro el uso real de los recursos que aportan.

El profesorado también, con un rol más sindical que académico, salió beneficioso, y eso nos costará más a los colombianos. “El paro estudiantil, que tiene la bandera de más recursos, servirá para que los profesores tributen menos sobre sus gastos de representación. El reclamo de restablecerles condiciones tributarias puede ser justo, en aras de la discusión, pero tiene poca presentación que un estamento profesional privilegiado se ayude con una vía de hecho, el paro, para resolver una cuestión de impuestos. Este es el tipo de oportunismo gremial que choca con la ética del interés general. Ese asunto ha debido tramitarse aparte”, señaló Daniel Mera Villamizar, en El Espectador, quien habló a nombre del entrante gobierno Duque para ayudarle a hacer el informe de empalme, y de quien hoy no se sabe exactamente a nombre de quien habla.

Porque el Gobierno adquirió unos compromisos de cuyos resultados no tiene plena seguridad: Depende de recursos de regalías, depende de presupuestos de próximos años sin saber qué va a pasar y depende de negociaciones con un Congreso de la República que cada día se le voltea más.

Y porque se piensa, erróneamente, que la solución está en reformar al Icetex (que es algo necesario), aumentar recursos a Colciencias (sí, pero si hay claridad de hacia dónde debe ir la investigación en el país) y reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 (olvidando que el problema es de estructura general del sistema de educación superior).

Y como el país no tiene un norte claro en su educación superior ni se ha sentado a revisar las reglas claras sobre las que debe rendir cuenta su universidad pública, los problemas seguirán manteniéndose latentes, creyendo que todo se soluciona con plata: Porque aumentará el número de estudiantes y se requerirá más infraestructura, porque el esfuerzo de calidad y acreditación siempre será mayor y se requerirán más inversiones, porque las IES seguirán creando autónomamente programas de pregrado y posgrado y esto demandará más recursos y más docentes, y porque decisiones de Corte Constitucional, Consejo de Estado, jueces municipales, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, entre otros, llevarán a reprocesos, sobrecostos y más necesidad de recursos…. baste leerse el historial de los últimos años para ver que es un esto es un destino anunciado.

Mientras tanto, la universidad privada seguirá creciendo desconectada de la pública, aparecerán programas esporádicos, y tal vez peligrosos, como Ser Pilo Paga, Generación E o Icetex para acreditadas, o acreditación de licenciaturas, o SNET, o referentes de calidad… que impactarán las finanzas sin visión global de lo que realmente necesitamos como país de la educación pública.
Y todo por la miopía, falta de voluntar, sesgos gremiales, ausencia de visión de país o miedo a actuar de quienes deberían: El Ministerio, miedoso y sin autoridad moral ni técnica para hablar; el CESU, un agrupamiento de intereses no de sector sino de las IES que allí están, que en todo este proceso nunca ha atendido a su responsabilidad histórica de ser el órgano colegiado asesor en materia de política pública; ASCUN, como la vocera de universidades, que  erróneamente cree que el problema es del SUE y no de ésta, y prefiere pasar agachada; y precisamente el SUE, que alentó la protesta, y se amilanó cuando sus rectores descubrieron que no tenían gobernabilidad sobre sus profesores y estudiantes.

Con un estilo grandilocuente, los estudiantes del movimiento hablaban de su compromiso histórico de lograr lo que sus antecesores y los actuales directivos no habían logrado, y parcialmente lo han logrado. Los estudiantes fueron capaces de arrinconar al gobierno para que éste diera más recursos de los que los propios rectores esperaban (incluso, la propuesta de CONPES que se quedó en el tintero, al finalizar el anterior gobierno, hablaba de un IPC más 4 puntos, y si se hubiera avanzado en el tema, se hubiera evitar el desgaste de la actual protesta); le pintaron la cara a los rectores, con el riesgoso precedente de que la anarquía universitaria (cada sector haga lo que quiera según sus deseos) sea la que reine en adelante; y política y socialmente terminen haciendo arrodillar más a un gobierno que, en su primera protesta social del cuatrenio, sacrificó imagen, orden público (si el acuerdo ya era un hecho el jueves, por qué se permitió que avanzará la protesta que llevó a un peligroso enfrentamiento de los universitarios con el SMAD, traumas en la movilidad y heridos?), recursos y envió el mensaje a los otros sectores sociales que la protesta mediática y prolongada termina dando beneficios. “La gran conclusión de este acuerdo es que luchar sí sirve”, señala feliz la líder estudiantil Jennifer Pedraza.

Y entonces, el gobierno Duque se queda con el pecado y sin el género. Debe buscar recursos de donde no hay, la opinión pública lo sigue fustigando, no obtiene beneficios reales para la educación superior como responsabilidad estatal y terminará aumentando aún más la tributación para satisfacer las peticiones de un sector que, lo hizo bien en su propósito de obtener más recursos, pero no necesariamente de tener una mejor educación para un mejor país.