sábado, enero 19, 2019

Análisis de las circunstancias en las que ocurre el execrable atentado


El atentado contra la Policía tendrá efectos políticos y servirá para que el discurso de la derecha se radicalice aún más, de cara al escenario electoral-regional que se vivirá en unos meses.

Por: Germán Ayala Osorio* / La Oreja Roja |

A pesar de ser un acto prepolítico, el atentado con carro bomba en contra de la Escuela de formación de oficiales de la Policía, Francisco de Paula Santander, en Bogotá, de manera inexorable tendrá efectos políticos y servirá para que el discurso de la derecha se radicalice aún más, de cara al escenario electoral-regional que se vivirá en unos meses.

Rápidamente, el fiscal general de la Nación informó la identidad del autor material del atentado y su conexión geográfica, lo que hace pensar que las autoridades tienen ya en mente señalar al ELN como autor intelectual del execrable crimen.

El dato del historial del vehículo utilizado para atacar la sede de formación policial que indica que la revisión técnico mecánica se hizo en Arauca y los otros datos entregados a la prensa en la noche de ayer, constituyen no solo una pista, sino la enunciación del camino que seguirán las investigaciones.

Si se prueba que la autoría intelectual reposa en un frente del ELN, muy seguramente el Gobierno tomaría la decisión de romper los diálogos de paz con esa guerrilla, los mismos que a estas alturas se encuentran congelados por cuenta de la falta de una real voluntad política de las partes en sentarse a negociar el fin del conflicto.

De esa forma, el Gobierno encontraría la justificación perfecta para destrozar el proceso de paz con dicha agrupación subversiva. Para nadie es un secreto que los diálogos entre el Gobierno de Duque y la cúpula del ELN jamás pasaron de la etapa de las mutuas recriminaciones y pulsos políticos. Y es claro también, que el partido de Gobierno, el Centro Democrático, viene trabajando desde el Congreso, para hacer trizas[1] el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc.

Eso sí, el cobarde atentado ocurre en medio de unas circunstancias sociales y políticas que bien vale la pena tener en cuenta, para entender las decisiones que se puedan adoptar desde el Gobierno de Duque en materia de construcción de paz y, por supuesto, las acciones que muy seguramente vendrán en lo que corresponde a la persecución de todo aquello que “huela a izquierda” y la estigmatización de quienes mantienen un espíritu crítico frente al talante del actual gobierno en lo que tiene que ver con decisiones económicas, el manejo policivo de la protesta social y, por supuesto, el cumplimiento de lo acordado en La Habana.

Estas son, entonces, algunas de las circunstancias en las que ocurre el execrable atentado dinamitero:

En primer lugar, está el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales. Estos hechos, confrontan de manera directa al Régimen por su escaso interés en consolidar la paz en perspectiva territorial.Luego, vienen las marchas estudiantiles para exigir más recursos para las universidades públicas. Luego, vendrían los plantones contra el fiscal[2] general de la Nación, funcionario que ha afectado la imagen del órgano acusador y debilitado a su interior la institucionalidad derivada de sus decisiones, omisiones y el manejo dado al escándalo de corrupción que rodea a la operación de la multinacional Odebrecht y que salpica a la familia Sarmiento, propietaria del Grupo AVAL.

Es decir, antes del ataque con carro bomba del día de ayer, una parte importante del Establecimiento se sentía confrontada por acciones colectivas, que de manera clara, han venido coadyuvando a consolidar una imagen negativa del presidente Duque, a quien millones de colombianos señalan por actuar políticamente sujeto a las directrices de su mentor y jefe único del Centro Democrático, el senador, Álvaro Uribe Vélez.

Se suma a lo anterior, una acción temeraria del Ejército de Liberación Nacional (ELN), agrupación que reconoció tener en su poder a la tripulación de un helicóptero que transportaba valores por los aires del Catatumbo y que fue derribado por miembros de ese grupo armado ilegal. Reconocer que tienen bajo su custodia a los tres tripulantes de la nave, provocó la reacción del Gobierno y, en particular, del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien señaló a varios medios que “el Eln se aleja cada vez más de un diálogo con el Gobierno” con estos hechos de secuestro y apuntó que “el Gobierno no ha negociado ni negociará nunca secuestrados[3].

Sin conocerse aún la responsabilidad intelectual del atentado dinamitero de ayer en Bogotá, subsiste otro hecho político que agranda el complejo escenario social y político en el que ocurre el ataque contra la Escuela de Policía. En El Tiempo, medio gobiernista y de propiedad del banquero Sarmiento Ángulo (Grupo Aval), se lee lo siguiente: “La ley orden público, prorrogada el año pasado, dice que el Consejo de Seguridad Nacional evaluará el carácter de todos los grupos armados organizados para que el Gobierno adelante negociaciones. Según el comisionado Ceballos, la conducta del Eln, como la voladura de oleoductos, el derribamiento de aeronaves o secuestros de civiles, aleja la posibilidad de una negociación, pues ‘estas nada tienen que ver con un conflicto para cambiar el orden político de un país’. Ese Consejo de Seguridad se reunirá en un mes, y en esa sesión evaluará si mantiene al Eln en la lista de grupos con los cuales se puede adelantar una negociación. Ese estatus de retirarlo, duraría mínimo seis meses[4].

Si la responsabilidad intelectual del hecho prepolítico ocurrido ayer en Bogotá es asumida por el ELN, estaríamos ante una decisión equivocada, que bien podría servir para confirmar la nula voluntad de paz de la dirigencia de esa guerrilla y/o la fragmentación del mando, si se acepta que un frente eleno actuó sin consultar a los miembros del COCE (Comando Central).

Así las cosas, el rompimiento definitivo de la mesa de diálogo instalada en La Habana sería levantada por una doble circunstancia: por haber atacado y asesinado a jóvenes cadetes y por la fragmentación en el mando de esa agrupación rebelde.

Si por el contrario, la responsabilidad intelectual de lo ocurrido ayer en la capital del país es endilgada al ELN por los organismos de seguridad del Estado, por la propia Fiscalía General de la Nación y legitimada por el presidente Duque, habrá presiones muy fuertes de sectores guerreristas para levantar la Mesa de diálogos y devolverle el protagonismo que reclama la actual cúpula militar, cuyo talante no concuerda con el espíritu de paz que el país alcanzó a transpirar después del acuerdo de paz firmado con las Farc.

Por el contrario, el talante tropero de los generales que hoy guían a las Fuerzas Militares, revive los intereses y las intenciones de quienes durante muchos años han vivido del negocio de la guerra, y se vieron afectados por los vientos de pacificación que el país vivió durante y después del acuerdo de paz de La Habana y la consecuente desaparición de las Farc.

Lo cierto es que el proceso de consolidación de una paz estable y duradera enfrenta, a partir de lo ocurrido ayer en Bogotá, su peor momento, bien sea por cuenta de la estupidez de la guerrilla del ELN  (si acepta o se prueba con suficiencia su responsabilidad) o por la inusitada fuerza de sectores del Régimen de poder, dispuestos no solo a atentar contra jóvenes cadetes y tocar así las fibras más sensibles de la sociedad, a reventar los diálogos de paz de La Habana con el ELN, sino a regresarnos a los estadios político-militares e ideológicos vividos durante los tiempos de la seguridad democrática (2002-2010).

(*) Docente Universitario. Comunicador Social y Politólogo. Cursando Doctorado en Regiones Sostenibles.

Referencias;


Fotografía cortesía de EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda.